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Cómo protegerse de los chiringuitos financieros

La CNMV tiene en su web una guía para protegerse de quienes quieren hacer creer que son asesores financieros cualificados y no son más que estafadores. Aquí facilitamos en enlace

Cae un ‘chiringuito’ financiero que prometía un 25% de rentabilidad

Recordamos una noticia que se producía en junio de 2012 laverdad   La Policía Nacional ha desmantelado un presunto ‘chiringuito’ financiero dirigido por un ciudadano rumano que había extendido sus

La CNMV advierte de un chiringuito financiero domiciliado en Marbella

Expansión   El organismo supervisor bursátil lanza una nueva advertencia sobre una sociedad con sede en España que presta servicios de inversión sin la debida autorización. La última advertencia de

La CNMV alerta de un ‘chiringuito financiero’ con sede en Valencia

Expansión   La entidad Grupo Esfer, domiciliada en Valencia, “no está autorizada para prestar servicios de inversión”, según advierte la CNMV. El organismo supervisor bursátil añade en su advertencia que

¿Quieres saber lo que es un ETF?

Si es así, mira este vídeo.   http://www.youtube.com/watch?v=OlMtTDl5vkU

Cómo protegerse de los chiringuitos financieros

La CNMV tiene en su web una guía para protegerse de quienes quieren hacer creer que son asesores financieros cualificados y no son más que estafadores. Aquí facilitamos en enlace a ese documento pdf.

 

http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/chiringuitos.pdf

Cae un ‘chiringuito’ financiero que prometía un 25% de rentabilidad

Recordamos una noticia que se producía en junio de 2012

laverdad

 

La Policía Nacional ha desmantelado un presunto ‘chiringuito’ financiero dirigido por un ciudadano rumano que había extendido sus tentáculos por Alicante, Valencia, Murcia, Barcelona, Madrid e incluso Portugal e Italia. La Brigada de Blanqueo de Capitales de Alicante dirige la investigación contra la sociedad Global Plus Inversiones (GPI), y las pesquisas de momento se han saldado con la detención una decena personas, entre ellas el presunto cerebro de la trama, Constanti T., y su pareja sentimental.

Ambos fueron apresados el martes en su domicilio de Monforte del Cid. Al parecer, estaban preparando su huida después de que el pasado 24 de mayo dejaran de abonar los intereses a los clientes. Según ha podido saber este diario, la denuncia de un inversor de Barcelona fue la que inició la investigación policial.
Esta sociedad de inversiones prometía una suculenta rentabilidad del 25% en un plazo de 40 días, con un depósito mínimo de 100 euros. Después de ese periodo, el inversor supuestamente decidía si quería renovar o sacar el dinero, según se explica en la web de GPI. Sin embargo, esta rentabilidad en los pequeños depósitos al parecer se empleaba para ganarse la confianza de los clientes, que, a través del boca a boca, acababan haciendo que sus familiares y amigos también cayeran en la trampa. No obstante, según fuentes próximas al caso, el dinero de los depósitos se ingresaba directamente en una cuenta a nombre de Constantin T.
En la provincia de Alicante, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apresaron al menos a tres personas en Alicante y una tercera en Elche, supuestamente los encargados de las oficinas donde se gestionaban las presuntas inversiones. En Murcia, los policías también detuvieron a un hombre de nacionalidad española que quedó en libertad provisional tras declarar en comisaría.
La operación, coordinada por el juzgado de instrucción número 5 de Alicante, ‘reventó’ ayer con registros simultáneos en todas las delegaciones de central de Global Plus Inversiones en España. La oficina central está situada en la calle Sevilla de Alicante, pero también tenía otra delegación en la calle Italia. Al parecer, la Policía ha actuado justo cuando los jefes de la trama supuestamente iban a desaparecer con todo el dinero de los inversores.
A primera hora de la mañana, los agentes entraron en el local de la calle Sevilla e identificaron a todos los trabajadores y clientes que había allí en ese momento, pero todos quedaron libres. Finalmente solo quedó detenido el supuesto jefe de la oficina, que fue trasladado a la Comisaría Provincial.
Media docena de agentes habían registrado horas antes otra oficina de GPI, ubicada en un primer piso del Edificio InPlaza, en la calle Italia de Alicante. Los policías bajaron a la calle con los detenidos minutos después de las once de la mañana transportando varias cajas con documentación y la torre de un ordenador.
El trabajador de una gestoría china situada al lado del despacho registrado explicó que esa mañana había visto «mucho movimiento» en el pasillo de la escalera, aunque ignoraba que todo ese ruido e ir y venir de gente respondía a una operación policial. El testigo dijo desconocer quién dirigía la oficina contigua, pero explicó que ésta recibía a diario «trabajadores y clientes».
Según fuentes cercanas al caso, la sociedad bajo sospecha también ofrecía trabajo a sus inversores como ‘colaboradores’ o comerciales, que se dedicaban a captar clientes a comisión. Supuestamente estas personas no sabían que todo era un estafa y que el dinero no llegaría nunca a invertirse en la bolsa.
En la sede central Global Inversiones se podía ver ayer dos pizarras correspondientes al mes de junio, divididas por semanas, en la que estaban anotados más de una decena de nombres. A su lado figuraban determinadas cantidades, supuestamente el dinero invertido, que oscilaba de los 700 hasta los 8.000 euros.
La empresa bajo sospecha ofrecía diversos productos, como la Cuenta Plus 25 o la Cuenta Super Plus. La primera requería una inversión mínima de 100 euros, y ofrecía intereses de hasta el 25% en 40 días. Supuestamente se empleaba para ganarse la confianza de los clientes y atraer así mayores cantidades de capital.
De hecho, la imposición mínima en la Cuenta Super Plus era de 35.000 euros durante un periodo de seis meses. Después, el cliente obtendría 42. 350 euros. Si se depositaban 100.000 euros, en 8 meses se dispondría de 137.250 euros. La inversión máxima era de un millón de euros, según la información colgada en la web, que ayer todavía seguía activa y haciendo gala de su «transparencia»

La CNMV advierte de un chiringuito financiero domiciliado en Marbella

Expansión

 

El organismo supervisor bursátil lanza una nueva advertencia sobre una sociedad con sede en España que presta servicios de inversión sin la debida autorización.

[foto de la noticia]

La última advertencia de la CNMV se centra en la compañía Informática y Gestión Costa del Sol, y en las páginas web www.inversionprotegida.com y www.forextt.com, “domiciliada en Marbella”.

El supervisor bursátil extiende sus advertencias a Francisco José Rojas Sarria, “la persona vinculada a dicha sociedad”.

La CNMV “pone de manifiesto que dicha sociedad no figura inscrita en el correspondiente registro de esta comisión y, por tanto, no está autorizada para prestar servicios de inversión”.

La CNMV alerta de un ‘chiringuito financiero’ con sede en Valencia

Expansión

 

La entidad Grupo Esfer, domiciliada en Valencia, “no está autorizada para prestar servicios de inversión”, según advierte la CNMV.

El organismo supervisor bursátil añade en su advertencia que Grupo Esfer opera en Internet como www.inversoresbolsa.com. Además, detalla que la persona vinculada a dicha sociedad es Roberto Esteve Ferrer.

La CNMV “pone de manifiesto que dicha sociedad no figura inscrita en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no está autorizada para prestar servicios de inversión”.

¿Quieres saber lo que es un ETF?

Si es así, mira este vídeo.

 

http://www.youtube.com/watch?v=OlMtTDl5vkU

El capital riesgo se reactiva en abril con la compra de Befesa por parte de Triton Partners

Valenciaplaza

 

MADRID (EP). El sector del capital riesgo en España se reactivó el pasado mes de abril con la entrada de la firma británica Triton Partners en el país mediante la adquisición del 100% de Befesa Medio Ambiente por una cantidad de 1.075 millones de euros, según Transactional Track Record (TTR).

La compañía ‘online’ de servicios de inversión considera que esta operación probablemente marcará el año en este sector, “pues supone la entrada del ‘private equity’ británico en España.

Esta desinversión supone para Abengoa, matriz de Befesa, un total de 625 millones: unos 352 millones en efectivo del cierre de la operación, una nota de crédito de 48 millones con un vencimiento a cuatro años y un pago diferido valorado en 225 millones mediante un préstamo convertible en acciones de Befesa.

DESINVERSIONES

Por otra parte, el volumen de inversión del capital riesgo también registró un repunte el mes pasado gracias a operaciones en el sector financiero, como varias desinversiones de BBVA en Latinoamérica. Asimismo, destacaron algunas transacciones en el sector de Internet, como la entrada de Mola en Study2gether.

En el caso del banco presidido por Francisco González, éste vendió sus filiales AFP Horizonte (Colombia) a AFP Porvenir y AFP Horizonte (Perú) a AFP Integra, perteneciente a Grupo Saura.

Fromlab: ‘crowdfunding’ para todos

Valenciaplaza

 

VALENCIA. Cliente y mecenas. Esta es la doble condición que adquieren los compradores de los productos que se ofrecen enFromlab, una plataforma decrowdfunding para inventos y elementos de diseño que requieran financiación para salir adelante.

El método es sencillo. Cada proyecto es analizado por el equipo que dirige Mireia Valldecabres, que fija con el responsable del productos un número de pedidos necesario para hacer rentable la comercialización. A partir de ahí dispone de 40 días para reunir los clientes que lo quieran y que realicen la precompra.

El dinero recogido sirve para costear la producción y la entrega; pero, si no se alcanza la cantidad de pedidos prevista, esta aportación se reintegra sin costes añadidos para el potencial comprador. “Le ofrecemos formar parte del proyecto”, señala Valldecabres, aunque esto no signifique tener que cargar con sus riesgos.

PROCESO DE ACELERACIÓN

Los miembros del equipo de Fromlab entraron en la aceleradora de Plug and Play con la plataforma ya en su fase final de desarrollo, pero les faltaba formación en determinados aspectos técnicos y, como tantos otros proyectos, un respaldo económico que les permitiera dar el salto. Aunque todavía no han completado el desarrollo y el próximo 3 de junio tendrán que convencer a un nutrido grupo de inversores que confíen en ellos, ya han conseguido ponerla en marcha y realizar las primeras transacciones.

Aunque la valenciana Mireia Valldecabres es intérprete de chelo, estudió Dirección de Empresas en la Industria Musical por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y ha trabajado en el negocio discográfico, lo que le permitió aprender “poco de música y mucho de mercado”.

Fue en su ejercicio profesional como conoció el crowdfunding, la captación de financiación por medio de las aportaciones de particulares, y empezó a madurar la idea que terminó por convertirse en Fromlab. A ella se unieron José Albors, diseñador y director de producto, y Vicente Peris, desarrollador informático (CTO).

NEGOCIO EN MARCHA

Con poco más de una semana de actividad, ya disponen de cinco proyectos activos que comienzan a recabar apoyos y pedidos. De todos modos, siguen captando propuestas y, tras presentar su idea en escuelas y estudios de diseño, la respuesta está cumpliendo sus expectativas.

De los productos que actualmente se encuentran en oferta hay tanto mobiliario como complementos de vestuario, obras de arte, bolsas de diseño y productos para mascotas. En todo caso, las posibilidades del formato son variadas y puede incluir todo tipo de elementos, aunque han de tener en común el valor añadido que da el diseño.

Las juntas de jueces temen un “colapso de la Justicia” por las demandas de los preferentistas

Vozpopuli

 

Los mecanismos de arbitraje que el Gobierno ha establecido para las víctimas de las preferentes pueden suponer el colapso de la justicia en España en dos o tres meses. Es el diagnóstico de varias juntas de jueces que se reunieron la semana pasada para evaluar la situación. La Junta de Madrid ha sido la última en discutir la situación el pasado viernes tras revisar los criterios para el arbitraje propuestos por el FROB y estima que cientos de miles de perjudicados pueden terminar recurriendo a la vía judicial.

Más de 500.000 afectados peden terminar en los tribunales

Las experiencias en las que se ha recurrido al arbitraje(como el de las cajas gallegas) sólo han dado cobertura al 15% de las reclamaciones. Dado que en España hay unos700.000 perjudicados por las preferentes, unos 105.000 afectados podrían recurrir a la conciliación, frente a otros  595.000 que tendrían que recurrir a la justicia, provocando su colapso, razonan los jueces consultados.

 

El arbitraje no evita el recurso a los tribunales

Algunos de los magistrados consultados temen que los tribunales puedan ser el recurso final de los afectados incluso después de haber recurrido a un arbitraje que supuestamente cierra esa vía, puesto que podrían alegar que el procedimiento de conciliación puede ser ilegal.

Según las fuentes consultadas, se ha permitido el arbitraje en situaciones en las que se detectan “indicios de delito” tales como permitir la venta de preferentes en casos de “minoría de edad del suscriptor, la incapacitación del suscriptor (sin intervención de representante legal) o la inexistencia de documento contractual”. Esas situaciones no permiten la negociación por la vía conciliatoria sino por la judicial, afirman esas fuentes, que preparan ya peticiones de refuerzo para los tribunales. 

 

37 acciones colectivas ya en marcha

Las asociaciones de usuarios han interpuesto ya varias denuncias colectivas con las que pretenden agrupar las reclamaciones contra 52 entidades bancarias. Fuentes de ADICAE estiman que unas 30.000 personas pueden adherirse a esa demanda conjunta. El resultado sigue siendo minoritario por lo que una buena parte de las denuncias se producirá en los próximos dos o tres meses, cuando se cierre el proceso de canje establecido por el Ejecutivo.

Pide un préstamo para un coche y acaba con 4.000 euros en preferentes

Las Provincias

Un afectado por la compraventa de preferentes emitidas por Bankia ha solicitado tanto la nulidad del producto como de la compraventa de estas participaciones “que no se pueden comercializar a clientes minoristas”, según ha explicado a los medios el abogado de Adicae que lo ha defendido. El afectado ha solicitado la restitución de los 4.200 euros invertidos en preferentes en el juicio celebrado en el juzgado de instrucción número 10 de Valencia, en el primero sobre esta materia de Adicae en la Comunitat.

El demandante, Andreu Sánchez, solicitó un préstamo personal de 4.000 euros para la adquisición de un vehículo de segunda mano al ser conductor profesional, según ha indicado él mismo a los medios de comunicación tras la celebración del juicio. La solicitud se hizo en marzo de 2010, y según el banco, para que el interés del préstamo pasara de un 10,5 por ciento a un 5,5 por ciento se tenía que pignorar la cantidad solicitada por “una garantía real”.

Para ello se abrió un plazo fijo “que posteriormente se canceló y se le abrió una compra de participaciones preferentes, sin que el demandante tuviera constancia”, ha indicado su abogado en declaraciones a los medios de comunicación. Andreu Sánchez ha explicado que él se enteró de que tenía siete participaciones preferentes “que no sabía en aquel momento ni lo que eran, en marzo de 2012″.

“Me llamaron del banco y me dijeron que tenía que canjearlas por acciones de Bankia. Me engañaron y me obligaron a coger acciones porque, de no hacerlo, perdía el dinero”, ha explicado. Sánchez ha apuntado que se optó por la vía judicial “porque el banco se negó a escucharnos”.

El demandante espera que el juez “eche una mano y vea que hay un problemón que ha afectado a mucha gente y que parece legal”. “Yo firmé porque me dijeron que era un plazo fijo que luego podía recuperar, pero no sé de economía y me engañaron”, ha manifestado. “A mucha gente mayor le han tomado el pelo y yo no fui consciente de las preferentes hasta que me dijeron que tenía que canjearlas por acciones que a día de hoy valen un céntimo”, ha insistido.

Sánchez ha destacado que “se sintió engañado” porque su padre, abuelo y tatarabuelo trabajaban en el puerto “y llevan toda la vida en ese banco. ¿Cómo nos iban a engañar?”, se ha preguntado. Cuando le propusieron el canje de preferentes por acciones “el mismo director de la sucursal me dijo que denunciara porque él no podía hacer nada más”, ha revelado.

Producto “fraudulento” por su perpetuidad

Su abogado ha destacado que la “perpetuidad del producto de las participaciones preferentes lo hace fraudulento”. Además ha indicado ante el juez la existencia de una “mercado secundario clandestino y opaco que no corresponde a un mercado oficial y que se basaba en un sistema de cases entre los propios clientes de las oficinas dirigido por los directores y los empleados de Bankia”.

El letrado ha considerado que las participaciones preferentes “no son operaciones sometidas a la ley del mercado de valores” y es un producto que se ha comercializado “de forma fraudulenta dentro de un mercado secundario de Bankia”.

El abogado ha indicado que el demandante “no firmó la cancelación del plazo fijo” y fue un empleado de Bankia el que “unilateralmente canceló el plazo fijo”, posteriormente se convenció al cliente para que firmara preferentes, “cuando él pensaba que tenía un plazo fijo”, ha matizado.

El letrado ha aportado un informe “razonado” de la CNMV, que ha admitido el juez, sobre las “malas prácticas” en las operaciones de las participaciones preferentes de Bankia, en el que se recoge que “la operación de compraventa de preferentes fue una operación en la que el cliente no sabía lo que compraba”, ha señalado el abogado ante el juez.

El abogado de Bankia, “abrumado”

Por su parte, el abogado que defiende a Bankia ha reconocido sentirse “abrumado” por una demanda de más de 127 páginas y ha destacado la existencia de documentos anexos que “no se han podido analizar” por lo que se ha sentido en una posición de “indefensión”.

A pesar de ello ha asegurado que “Bankia no ha incumplido contrato alguno” con el demandante y que la oferta de participaciones preferentes “fue aceptada libremente” por el demandante y que “no se le coaccionó para su compra”, por lo que ha solicitado al juez que desestime la demanda.

El único testigo en el juicio ha sido el director de la sucursal que ha dicho que él no firmó ningún documento con el demandante porque “lo hizo el subdirector de la sucursal”. Si que ha reconocido que fue él quien llamó al demandante para el canje de las preferentes por acciones de la entidad, un año después de pedir el préstamo. “Se quedó sorprendido cuando le comenté que tenía preferentes, supongo que en la compra no se lo explicaron bien”, ha agregado

La coordinadora de Adicae en la Comunitat, Lorena García, ha indicado que el juicio “se afronta con optimismo y con la intención de obtener la primera sentencia favorable para los consumidores” que defiende. Las demandas colectivas por parte de Adicae se pusieron a finales del año pasado y “esta semana se han interpuesto más demandas contra Bankia”. En la Comunitat se han puesto tres demandas colectivas que afectan a más 800 personas y “que aumentan porque sigue llegando gente que quiere denunciar”.

Los juristas ven responsabilidad penal en la venta de preferentes

Expansión

La venta de participaciones preferentes ha desatado una tormenta judicial que ha dado el salto de la vía civil a la penal. Los afectados ya no se conforman con reclamar en los juzgados la nulidad de un contrato que firmaron pensando que invertían en un producto de ahorro y han presentado las primeras querellas, en este caso contra Bankia, reclamando penas de prisión para los responsables de las entidades que comercializaron estos productos.

Los juristas consultados por EXPANSIÓN consideran que podría haber recorrido por la jurisdicción penal, un camino que, de prosperar, facilita las reclamaciones civiles, de las que ya hay alrededor de 200 demandas, y se espera que sean más de 1.000 antes de verano de este año, sólo en la plataforma de afectados de participaciones preferentes.

Este organismo asegura que el 80% de los perjudicados supera los 65 años y mayoritariamente han conseguido fallos a su favor de los jueces, que han anulado los contratos. Aunque hay casos de particulares que han actuado por su cuenta, la mayoría se han agrupado y están representados por ocho bufetes, entre ellos Jausas o Cremades & Calvo-Sotelo.

En el verano de 2012 se unieron cinco despachos para cubrir todo el territorio nacional y formar la plataforma de afectados por las preferentes. Alrededor de 400 clientes han acudido ya a este grupo para pedir asesoramiento y ver si se unen en una reclamación conjunta, aunque en España no existe la figura de demanda colectiva como tal, por lo que, aún coordinados, tendrán que presentar las demandas de forma individual.

Otro motivo que apuntan los expertos para la proliferación de querellas en las próximas semanas es la ausencia en la vía penal de tasas judiciales, que sí se aplican en las demandas civiles.

El proceso

- Acudir a la vía penal es una forma de aclarar la responsabilidad civil. ç

- El Código Penal establece que es una agravante cometer un delito contra una pluralidad de personas. En el caso de las preferentes, se estima que hay 100.000 afectados.

- Se castiga con entre uno y seis años de cárcel los delitos por falsedad documental, estafa, publicidad engañosa, apropiación indebida, omisión del deber de denuncia o maquinación para alterar el precio de las cosas.

- En la jurisdicción penal, no se pagan las tasas judiciales.

Además de multas y sanciones, los responsables de la venta de preferentes podrían enfrentarse a penas de hasta seis años de prisión, acusados de delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, los relativos al mercado y los consumidores, publicidad engañosa, apropiación indebida, omisión del deber de denuncia o maquinación para alterar el precio de las cosas. Todo ello con el agravante de que el delito se habría cometido afectando a una pluralidad de personas: 100.000 en toda España.

Alternativas
Elegir la vía penal no descarta la civil, puesto que en el seno de este proceso se aclara la responsabilidad civil, a no ser que el perjudicado renuncie a ello. Tras la sustanciación del procedimiento, la acción civil se ejercita generalmente de forma conjunta con la penal. Es lo que se denomina acción civil ex delicto y que comprende tanto la restitución de la inversión, como la reparación del posible daño y la eventual indemnización de los perjuicios causados.

Sin embargo, no todos los especialistas ni bufetes implicados en las demandas coinciden en que sea el mejor camino. Explican que, pese al riesgo que entrañan, las participaciones preferentes son un producto financiero lícito y regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Por esta razón, estiman que la vía penal debería restringirse a las conductas más graves.

Antonio Caba, del despacho Dictum Abogados, apunta que los supuestos que han sido sustanciados hasta la fecha en sede penal, previos a los planteados esta semana contra Bankia, han sido sobreseídos provisionalmente en instrucción, sin llegar, por tanto, a juicio. No obstante, matiza que es cierto que en ninguno de ellos se había planteado hasta ahora la posibilidad de comisión delictiva en la emisión del producto o en responsables de organismos supervisores, sino en su comercialización por las sucursales bancarias.

Este experto ve complicado demostrar la existencia de ilícito penal en la emisión de las preferentes, dado que se requiere la inscripción del folleto informativo en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que detectaría una eventual falsedad en su contenido, siendo pues lo más lógico que los eventuales ilícitos penales se cometieran en fase de comercialización del producto.

Además, en su opinión, parece improbable que pueda llegar a apreciarse comportamiento delictivo en la conducta del responsable del organismo supervisor.

Querella
Jordi Ruiz de Villa, abogado de Jausas, firma que presentó el lunes una querella ante la Audiencia Nacional contra los miembros del consejo de administración de Caja Madrid en 2009 y contra el ex presidente de la CNMV Julio Segura, considera que se ha producido una estafa en connivencia con el organismo supervisor.

Además, explica que se está impidiendo que se vea el delito en su origen, y ese origen no está en el informe de la CNMV que salió a la luz la semana pasada, sino que es anterior. En este sentido, denuncia que, en el momento de la emisión, el valor razonable era inferior al precio de colocación. También destaca que, entre que se dio la orden de compra y se formalizó, Moody’s rebajó el rating del producto financiero, convirtiéndolo en basura y ve inexplicable que la CNMV tardara un año en darse cuenta de que se estaban vendiendo mal.

“Yo siempre he ido por la vía civil, pero en esta ocasión he visto claro que se ha cometido un delito y que, además, ha sido en connivencia con la CNMV”, destaca el abogado de Jausas.

Los juristas ven responsabilidad penal en la venta de preferentes

Los bufetes que intervienen
Varios bufetes están asesorando a entidades financieras y a los afectados por las preferentes. Por ahora, la casi totalidad de los casos se han dilucidado por la vía civil, y firmas como Jausas, Zunzunegui o Cremades & Calvo-Sotelo piden la nulidad del contrato para que los afectados recuperen su dinero.

Otros cinco bufetes más pequeños y de distintas zonas geográficas pusieron en marcha una alianza para cubrir todo el territorio nacional: Santos, Pousa; Rodríguez, Parrilla y Pérez; Abogados Mestalla; Net Craman y V Abogados. Esta plataforma consta de 70 profesionales, entre letrados, economistas y exmagistrados.

Por su parte, los bancos suelen optar por despachos más grandes. Bankia está asesorado por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Ramón y Cajal ayuda jurídicamente a Popular, Bankinter y a Liberbank. A esta última entidad le asesora además en recompra de preferentes y obligaciones subordinadas. También Uría (Banif), Allen & Overy (Bankinter) o Roca Junyent (Bankpyme) están inmersos en defensas a entidades financieras.

Si la mayoría de procesos fueran por la vía penal, además de para grandes y medianos, habría mucho trabajo para ‘boutiques’ penalistas como Oliva-Ayala, González Franco Roxin, Rodríguez Mourullo o Sánchez Junco.